Por Juan Pablo Ojeda La frase quedó grabada el 29 de octubre de 2026: “Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”. Alfonso Durazo Montaño la usó para rechazar la etiqueta y, a la vez, admitir que impulsó perfiles de esa familia. El 6 de noviembre, la cobertura sobre contratos millonarios y el origen sonorense de la red de proveedores volvió a cruzar ese padrinazgo político con la historia empresarial de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Según el reportaje, en 2014, con Guadalupe Taddei en la presidencia del Instituto Estatal Electoral de Sonora, los proveedores ya trabajaban como intermediarios o “coyotes” en organismos locales; fuentes anónimas dijeron que ella quiso “tomar las riendas del negocio” y que el vínculo llegó al INE en 2023. Esas fuentes no identificadas deben tratarse con cautela y no confundirse con una resolución judicial.
Durazo, el 5 de noviembre, en “La democracia no es un negocio”, habló de más de 2 mil millones de pesos en contratos entre 2014 y 2023 y de 646 millones en 2024 y 2025, atribuidos a una estructura que, dijo, simulaba competencia. Antes, el 26 de octubre, auditorías documentaron más de mil millones en Organismos Públicos Locales Electorales de al menos 13 entidades para siete empresas del grupo.
La estructura empresarial —Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México— se describe como un esquema de intermediación en impresión de material electoral. Se citan más de mil millones en 2021 y cerca de 200 millones en la elección judicial de 2025 bajo la etiqueta de “clan Taddei”, cifras que el gobernador enmarcó en su propio recuento de montos.
En el plano político concreto, Durazo designó el 4 de agosto de 2025 a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe, como secretario particular; dice que fue por méritos y que permanece mientras no haya investigación que lo vincule. Relató haber impulsado a Jorge Luis Taddei Bringas en Bienestar (2018), a Celeste Taddei en una candidatura de Morena y a Pablo Taddei Arriola en LitioMx tras hablar en Bacadéhuachi de su doctorado.
Sobre Guadalupe, afirmó conocerla desde su campaña a la gubernatura en 2021, valorar su gestión en el IEE y negar intervención en su llegada al INE, que ocurrió por insaculación en la Cámara de Diputados. Un recuento con datos de transparencia sitúa sueldos familiares cerca de 12 millones de pesos al año, incluido el de la expresidenta del instituto.
El reportaje también menciona a Jesús Octavio García González —de OPLE Veracruz a Administración del INE— y la versión no comprobada de una presentación en 2015, además del aumento de adjudicaciones directas frente a las licitaciones de la etapa de Lorenzo Córdova y denuncias de imprentas ante Palacio Nacional. Esas piezas completan el mapa institucional sin cerrar, por sí solas, responsabilidades penales.
Durazo pide investigaciones a fondo “sin privilegios” y rechaza cargar a Morena prácticas que, según él, vienen de décadas. Corresponde a la ASF, a la UIF y a la Fiscalía separar hechos documentados de relatos políticos y de calificaciones periodísticas, precisando montos, responsables y posibles conflictos de interés.
Verificado al 6 de noviembre de 2026: dichos de Durazo sobre nombramientos familiares y cifras de contratos; reconstrucción del origen desde 2014 en el IEE de Sonora; datos de auditoría en OPLE de al menos 13 entidades. No confirmado en lo revisado: contratos de esas imprentas con el gobierno estatal de Durazo ni sentencia sobre el “coyotaje” descrito por fuentes anónimas. El escrutinio serio exige contrastar cada cifra y cada nombramiento con documentos de auditoría, transparencia y, en su caso, resoluciones ministeriales o judiciales. El escrutinio serio exige contrastar cada cifra y cada nombramiento con documentos de auditoría, transparencia y, en su caso, resoluciones ministeriales o judiciales. El escrutinio serio exige contrastar cada cifra y cada nombramiento con documentos de auditoría, transparencia y, en su caso, resoluciones ministeriales o judiciales.
